En medio de la crisis del gas, el Gobierno aumentó un recargo que impactará en la factura de los hogares
El Gobierno de Javier Milei oficializó en las últimas horas dos medidas que van en línea con su agenda de ajuste fiscal y desregulación del mercado energético, en medio de la crisis de abastecimiento de gas natural que se extenderá al menos hasta el viernes en toda la Argentina.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aplicó este miércoles un aumento en el recargo que se le cobra a más de la mitad de los usuarios del país para financiar los subsidios que reciben los beneficiarios del régimen para quienes viven en “zona fría”, en línea con la premisa de reducir los aportes del Tesoro Nacional. Además, el Poder Ejecutivo eliminó los precios de referencia para las garrafas, junto con otras iniciativas para desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
En el caso del esquema de zona fría, hasta el mes pasado se aplicaba un recargo del 6,2% sobre el componente del precio del gas (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte -PIST-) en las facturas finales y desde julio será del 6,4% a partir de la Resolución 444/2025 del Enargas. Fue el tercer incremento del año, ya que el porcentaje había iniciado en 5,44%, saltó al 6% en abril y en junio tuvo la última suba. Aún no se informó en qué porcentaje impactará este recargo sobre las facturas que pagarán los usuarios.
Por otra parte, el Gobierno avanzó con la eliminación de los precios de referencia para las garrafas, un mercado clave para abastecer a millones de hogares sin acceso a redes de gas natural. Hasta ahora, la Secretaría de Energía fijaba precios máximos para las garrafas con el objetivo de garantizar un abastecimiento regular y combatir el comercio clandestino. En 2024, por ejemplo, esos precios de referencia eran de $10.500 para la garrafa de 10 kilos, $12.600 para la de 12 kilos y $15.750 para la de 15 kilos.
El nuevo decreto 446/2025 elimina esa herramienta y avanza en una liberalización del mercado, bajo el argumento de que los precios libres son la “mejor brújula para un mercado sano”. Así lo explicó en redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida como parte de un proceso para desmontar una “mala ley kirchnerista” que, según su visión, había burocratizado el sector. Entre otras modificaciones, el decreto elimina la obligación de pedir permiso para ser fraccionador o distribuidor de GLP y simplifica los trámites habilitantes, al tiempo que redefine las funciones de la autoridad de aplicación para limitarlas a cuestiones de seguridad.
