Los comedores populares, al borde del colapso: más demanda y menos ayuda estatal

La crisis social que atraviesa la Argentina golpea con fuerza a los comedores populares, que denuncian la falta de asistencia del Gobierno nacional y el crecimiento exponencial de personas que recurren a ellos para poder comer. Algunos espacios ya dejaron de funcionar y otros solo abren unos pocos días por semana.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— frenó la compra de alimentos y restringió los fondos del programa Alimentar Comunidad, lo que pone en jaque a miles de comedores. Si bien el Gobierno sostiene que la ayuda “no podría ser mejor”, los testimonios en territorio desmienten esa versión. En Merlo, por ejemplo, el comedor San Cayetano anunció su cierre por tiempo indefinido. Su responsable, el padre Paco Olveira, advirtió que la falta de recursos no se debe a ineficiencia, sino a “perversidad”.

En todo el país se repite el mismo patrón: menos fondos, auditorías que demoran los pagos, listas de espera y ollas que ya no alcanzan. En algunos casos se cocinan hasta 900 raciones por jornada, pero eso ya no es suficiente. En Capital Federal, el Polo Obrero asiste a 8.000 personas y tiene una lista de espera de más de 5.000. “El Estado nacional eliminó completamente la asistencia alimentaria”, denuncian.

Los referentes sociales coinciden en que la situación es insostenible. En los barrios más postergados, “comer en casa es un gustito” y los niños presentan síntomas de malnutrición. Mientras la necesidad se profundiza, los comedores —que durante años fueron el sostén de millones— ahora luchan por sobrevivir.