La Justicia ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Justicia federal dispuso la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad al hacer lugar a un amparo colectivo que cuestionó el artículo del Decreto 681/2025 que supeditaba su entrada en vigencia a una definición previa de financiamiento por parte del Congreso. En el fallo, el juez Adrián González Charvay sostuvo que el Gobierno excedió sus facultades constitucionales, señaló que la reglamentación “desconoce mandatos constitucionales e internacionales” y declaró inválido el artículo por impedir la ejecución de una ley plenamente sancionada.
La resolución remarcó que la suspensión dispuesta por el Ejecutivo vulneraba el artículo 75 inciso 23 de la Constitución, así como compromisos asumidos por el país en tratados internacionales vinculados a la protección de personas con discapacidad. El magistrado también advirtió que aceptar criterios presupuestarios como justificación equivaldría a convalidar un “veto encubierto”, por lo que ordenó su implementación inmediata y reafirmó que el Gobierno no puede condicionar una norma aprobada por el Congreso con mayoría calificada.
