La Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la emergencia en discapacidad
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le otorgó al Gobierno Nacional un plazo de cinco días hábiles para cumplir la Ley de Emergencia en discapacidad. De lo contrario, comenzará a aplicarles multas a funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Andis, Alejandro Vilches, con la posibilidad de ser denunciados penalmente por desobediencia judicial. El 12 de diciembre, González Charvay había invalidado el decreto que suspendía la vigencia de la ley y ordenó que sea ejecutada en todo el país. “Este paso es importantísimo porque significa que no existe cosa tal como una ley suspendida”, afirman los prestadores de servicios.
“Una vez dictada la sentencia, el Poder Ejecutivo Nacional está obligado a cumplirla. No existe ninguna razón ni fundamento para que el Ejecutivo se abstenga de hacerlo”, explicó el abogado de los prestadores, Diego Armesto. Según detalló, la resolución judicial estableció el cumplimiento inmediato, por lo que, una vez notificado el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional queda automáticamente obligado a atender el reclamo del colectivo alcanzado.
Frente a esta situación, el colectivo de discapacidad solicitó al juez la ejecución de la sentencia y requirió que, en caso de incumplimiento, se apliquen astreintes, es decir, multas económicas que los magistrados imponen para forzar el acatamiento de una orden judicial firme ante una resistencia injustificada. “Se trata de una medida de coerción tanto psicológica como económica”, señaló Armesto. No obstante, aclaró que por el momento esas sanciones aún no fueron efectivizadas. Deberían comenzar a partir del 1 de febrero.
