De Loan a Nancy: Un feudo macrista al amparo del poder político y la impunidad
Desde hace un cuarto de siglo, la provincia de Corrientes permanece bajo la hegemonía ininterrumpida de un mismo espacio político articulado en torno a la Unión Cívica Radical y el entramado del macrismo. Sin embargo, en la última década, esa estructura devino en una dinastía personalista encabezada por la familia Valdés, mediante la gobernación de Gustavo Valdés y la proyección territorial de su hermano Juan Pablo Valdés. Esta concentración absoluta del poder ha configurado un feudo institucional donde la crisis de seguridad, la manipulación de la Policía y la cooptación del sistema judicial se vinculan de manera directa con una cadena de crímenes macabros, impunidad y corrupción sistémica, trazando una continuidad ineludible desde la sustracción del niño Loan Danilo Peña hasta el aberrante femicidio de la docente Nancy Godoy.
La estructura del feudo: Silencio mediático, complicidad nacional y manipulación local
Mientras el discurso del macrismo y la UCR a nivel nacional critica con vehemencia los regímenes provinciales cerrados, Corrientes funciona bajo las dinámicas características de una autocracia feudal protegida por el poder central. La familia Valdés ejerce un control hegemónico de la administración provincial y de municipios estratégicos como Ituzaingó, utilizando la estructura electoral como una mera herramienta para perpetuarse de forma indefinida en los cargos de decisión.
A esta hegemonía territorial se le suma un pacto explícito de gobernabilidad e impunidad a nivel nacional. El silencio funcional del macrismo, el aval directo del gobierno de Javier Milei —que requiere de los votos correntinos para sostener sus iniciativas legislativas en el Congreso— y la cobertura condescendiente de los grandes medios de comunicación nacionales de derecha otorgan un blindaje infranqueable frente a los escándalos locales. En ese ecosistema sumiso, la Policía de Corrientes y la estructura judicial provincial no operan como contrapesos republicanos, sino como brazos de contención subordinados a los intereses de la conducción política, sembrando dudas sistemáticas sobre la transparencia y la independencia de sus actuaciones en causas complejas.
La trama de horror e impunidad: De la sustracción de Loan al femicidio de Nancy
La crisis institucional correntina se traduce en una aterradora desprotección ciudadana donde los casos más traumáticos exponen la connivencia y la ineficiencia del Estado. La desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez en el Paraje Algarrobal de 9 de Julio, sacó a la luz una red de encubrimiento e injerencia estatal sin precedentes. En el marco del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, la fiscal Tamara Pourcell tiró por tierra cualquier intento de minimizar el hecho al confirmar que la hipótesis central de la acusación es una sustracción planificada. Pourcell remarcó que Loan no se perdió ni sufrió un accidente, sino que alguien lo levantó y se lo llevó, plantando pruebas como el botín e involucrando a los imputados en un pacto de silencio que comenzó a resquebrajarse entre acusaciones cruzadas. La investigación rozó de forma directa a la cúpula provincial tras el accionar del excomisario Walter Maciel y las maniobras del abogado José Fernández Codazzi, quien fue denunciado por presionar a testigos e inculpar falsamente a terceros, motivando presentaciones penales contra altos funcionarios del Ejecutivo por presunto encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Esta trama de desamparo volvió a manifestarse de la forma más trágica con el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy. Hallada sin vida tras más de veinte días de búsqueda en una zona de difícil acceso en Esquina, la muerte de la docente volvió a poner en evidencia la desprotección absoluta de la población rural y el abandono estatal. Godoy, quien era directora de una escuela rural a la que accedía tras internarse a caballo en la zona de la Estancia El Curupí, había dejado constancia por escrito de las deplorables condiciones del establecimiento, la falta de agua potable y el aislamiento institucional antes de su asesinato. La causa judicial cuenta con múltiples detenidos bajo imputaciones que van desde el femicidio hasta el encubrimiento y falso testimonio, motivando un paro nacional convocado por CTERA bajo la consigna «Justicia por Nancy» para exigir una investigación transparente y libre de las dilaciones e intromisiones habituales de los tribunales correntinos.
Redes de trata, estafas inmobiliarias y corrupción estructural
La desatención sistemática a las víctimas se repite en diversas aristas de la gestión feudal. Durante la intendencia de Juan Pablo Valdés en la ciudad de Ituzaingó, concejales de la oposición denunciaron la inacción municipal frente a situaciones de explotación y trata de personas, sumado a un bloqueo institucional metódico a los pedidos de informes sobre el uso de los recursos públicos y el personal comunal.
En paralelo, la provincia fue escenario de la megaestafa de Catastro y el Registro de la Propiedad, una maniobra de falsificación de títulos públicos para la apropiación y venta ilegal de miles de hectáreas de tierras fiscales de altísimo valor inmobiliario y turístico a orillas del Río Paraná. La gravedad de la desidia estatal fue admitida por el propio exgobernador Gustavo Valdés en declaraciones públicas, al confesar que la falta de control generó un ambiente de corrupción y poner en duda la eficacia del sistema de supervisión provincial a su propio cargo.
Un cuarto de siglo de impunidad y connivencia judicial
La crisis actual no constituye un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de veinticinco años de hegemonía política en Corrientes, abarcando también los mandatos previos de Ricardo y Arturo Colombi. Durante este cuarto de siglo se asentaron prácticas delictivas en el corazón de las estructuras provinciales, ejemplificadas en la revelación de la red ilícita montada en las oficinas del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes —la causa Soto Dávila—, donde funcionarios, abogados y jefes policiales coordinaban el cobro de sobornos a bandas del narcotráfico operativas en Itatí a cambio de excarcelaciones y resoluciones favorables.
Al mismo tiempo, las constantes purgas en la Policía de Corrientes dejaron al descubierto a efectivos involucrados en asaltos y en el transporte de estupefacientes, exponiendo la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad bajo el amparo de la conducción política provincial. Esta manipulación de los instrumentos institucionales se trasladó incluso a la vida interna de la coalición oficialista, donde se formalizaron denuncias penales por falsificación de firmas y abuso de autoridad contra la conducción provincial, demostrando la ausencia total de mecanismos democráticos y la discrecionalidad con la que se administra el poder en la provincia.
Un sistema bajo sospecha permanente
La concatenación de tragedias y escándalos deja al descubierto que la Policía de Corrientes y la estructura judicial provincial no funcionan como instituciones de protección ciudadana, sino como mecanismos de contención destinados a resguardar la continuidad del régimen político. Sometida a los intereses dinásticos de la familia Valdés y al blindaje del poder central, Corrientes atraviesa una profunda degradación institucional donde la Verdad y la Justicia siguen dependiendo de la movilización popular y de la intervención de los fueros federales.
