Con el barbijo al aire y los precios por las nubes
Por Gustavo Veiga*
El subsecretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires Nicolás Montovio compró barbijos a 3 mil pesos la unidad a la empresa Green Salud de Ignacio Sáez Valiente, el vicepresidente de Cablevisión y abogado del grupo Clarín. Su relación comercial con Rodrigo Miguel, el hermano del jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Los 45 millones de pesos de una operación comercial que ya tiene denuncias en la Justicia.
El subsecretario de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, Nicolás Montovio, egresó del Cardenal Newman – el colegio del ex presidente Mauricio Macri- para desembocar como decenas de sus ex alumnos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires varios años después. Es el funcionario que firmó una compra de 15 mil barbijos por 45 millones de pesos, a 3 mil por unidad, un valor de cualquier principado. La empresa Green Salud que los vendió es de Ignacio Sáenz Valiente, vicepresidente de Cablevisión – la unidad de negocios más rentable del grupo Clarín – y de Telecom, otra compañía del mismo oligopolio. A su vez, Rodrigo Miguel, hermano de Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño, está relacionado comercialmente con el abogado de doble apellido que comparte directorio con Héctor Magnetto en el principal operador de cable. Por ser una sociedad novata en el mercado y salir favorecida con la compra directa de un insumo clave destinado al personal médico que combate la pandemia, puede colegirse que deberían haberse tomado en cuenta sus buenos antecedentes, trayectoria probada y capacidad de dar respuesta. Montovio aprobó el pago por poco más de medio millón de dólares a esa sociedad constituida el 22 de octubre de 2019. La suma deviene de calcular la divisa a 88 pesos -incluido el impuesto al turismo- y decidió abonarla cinco meses y diecisiete días después de que se transformara en proveedora del Estado. “Yo diría si hubiera asesorado al gobierno, no contratemos a esta gente por un conflicto de intereses” le dijo a Derribando Muros un abogado que pasó por el directorio de muchas sociedades importantes.
Sáenz Valiente y Rodrigo Miguel son dos empresarios cuyo campo de actuación tenía una pata social en el Club de la República. En agosto de 2018, esa autodenominada ONG de la que hoy quedan pocos rastros en Internet – como si su página oficial se hubiera dado de baja a las corridas -, definía que su objetivo era “repatriar a los profesionales argentinos de Estados Unidos y difundir los valores republicanos del país”. La integraban o integran académicos y profesionales que el 4 de septiembre de aquel año se presentaron en EE.UU alrededor de un panel titulado “Políticas de Transparencia para las inversiones en el Sector Público Argentino”. Una publicación de la época prometía que hablarían el embajador en Washington Fernando Oris de Roa; el presidente del Club de la República Rodrigo Miguel y la abogada Gabriela Sakamoto, del estudio Meyer Brown. La representación diplomática le dio amplia difusión a la actividad.
Para entonces, hace menos de dos años, el hermano del jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta ya había pasado por dos cargos diferentes en el gobierno de Macri: la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) según el contrato 0190A2018. En el Club de la República Miguel se relacionó con Sáenz Valiente y también con Martín Basail, un abogado al que está ligado en Zermatt Risk Management SA. Esta compañía pertenece a un conglomerado empresario que el director de Cablevisión englobó bajo el paraguas de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Green Warranties, conformada por varias SA con la misma denominación (Green) que de verdes no parecen tener nada. El boletín ofical publicó su existencia el 25 de septiembre de 2019, casi un mes antes de Green Salud, la más nueva de todas y que ahora está bajo la mira de la Justicia. En ella, además de Sáenz Valiente figura como directora suplente Laura Jumerosky quien aparece en la Anses como empleada de Sáenz Valiente &A Fiduciaria SA. A octubre 2019 su salario ascendía a 12.048,19 pesos.
Son aquellas sociedades Green Constructions; Green Digital Services; Green Fitnesss, Health & Spa; Green Cocktails & Dreams; Green Genetics; Gintoneria Rosario; Gintoneria Córdoba; Green Mastiff; Green Servicios de Limpieza; Green Armor, la propia Zermatt Risk y otras dos de Basail y sus socios: Navarrolandia y García Navarro y Asociados.
El presidente de la SGR Green Warranties es Juan Manuel Gallo, ex subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte cuando era ministro del área Guillermo Dietrich. El mismo que quedó envuelto en un escándalo cuando su superior intentó perpetuar el control del macrismo sobre una de las áreas claves de ingreso al país, la Administración General de Puertos (AGP). Como síndico suplente figura en Green Warranties Francisco Oliverio Majdalani, hijo de la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani cuando la conducía el intermediario de futbolistas, escribano y amigo de Macri, Gustavo Arribas. En los cargos de consejeros de la presidencia de la SGR figuran Sáenz Valiente y Basail, el tercer hombre en esta historia que une al primero con Rodrigo Miguel.
Por ahora solo Montovio quedó complicado por tres denuncias en la justicia porteña. La primera fue presentada por la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro quien lo acusó por fraude contra la administración pública. José Cruz Campagnoli, ex legislador porteño y referente de Puebla-Fuerza Colectiva, también se presentó en la Justicia. “Denunciamos penalmente al Subse de Salud de @horaciorlarreta, Nicolás Montovio por administración fraudulenta y malversación de dinero público, quien adjudicó a Saenz Valiente, socio del hermano del jefe de gabinete @FelipeMiguelBA, barbijos a $3000” publicó en su cuenta de Twitter. También el secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel Catalano, denunció al jefe de Gobierno porteño. “Dado que la cotización de dicho insumo informada por el fabricante (la compañía 3M) y por la subsidiaria local de la empresa ronda entre los 3,4 y los 11 dólares, lo que arroja un costo de entre los 200 y los 900 pesos como máximo por cada unidad, la operación realizada por Larreta podría llegar a configurar un delito por el pago de sobreprecios de más del 300%” señaló ATE en un comunicado.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad se sumó con una denuncia pública por la compra de barbijos, aunque no basada en la venta que realizó Green Salud y sí en otra de 200 millones de pesos por 6 millones de piezas de ese insumo vital para frenar el avance de la pandemia. La organización que lidera el abogado Jonatan Baldiviezo comentó que la ciudad de Buenos Aires pagó “de forma inexplicable $207 millones de pesos de sobreprecio” a dos empresas intermediarias E-Zay y Amicibro cuando podría haber contratado directamente a Dimex (Cinmor SRL) que es fabricante y pagar sustancialmente menos por los barbijos. Por ese motivo, el Observatorio pidió que “se paralicen y se declare la nulidad de las contrataciones directas para la compra de barbijos realizadas con las empresas E-Zay y Amicibro por el flagrante pago de sobreprecios y defraudación a la administración pública”.
La Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud que conduce el funcionario Montovio, hombre de confianza del jefe de Gabinete Felipe Miguel, “busca planificar y controlar la administración estratégica de los bienes y recursos financieros del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las políticas y los planes previstos”. Ese objetivo declamado en las páginas del gobierno porteño parece que no se cumplió con la compra publicitada en el boletín oficial del 8 de abril y que provocó una serie de denuncias judiciales en apenas una semana. Aunque se trate de barbijos 9332 FFP3 con válvula, de los más caros del mercado, el precio supera con holgura a los de otros proovedores. Un vendedor de Mataderos ofrece la caja de diez unidades del mismo producto por 10.046,09 pesos, a razón de 1.004,60 la unidad. Incluso se pueden conseguir más baratos. De la comparación con valores como estos surgirá si hubo defraudación al Estado como plantean todos los denunciantes.
