Ley de Glaciares: qué cambia con la reforma que aprobó el Senado y las críticas de los ambientalistas
El Senado otorgó media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, lo que significa que el proyecto fue aprobado por una de las dos cámaras del Congreso, aunque todavía no tiene validez legal. Para convertirse en ley deberá ser debatido y aprobado también por la Cámara de Diputados.
El eje del proyecto apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas.La legislación actual prohíbe actividades extractivas —como minería o explotación hidrocarburífera— tanto sobre glaciares como en amplias zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.
La reforma introduce tres cambios principales:
– Reducción del área protegida: ya no toda zona periglaciar quedaría automáticamente bajo resguardo, sino únicamente aquellas que demuestren una función hídrica específica.
– Mayor autonomía provincial: las provincias pasarían a tener más facultades para determinar qué territorios proteger y cuáles habilitar para actividades productivas.
– Posible avance de proyectos mineros: redefinir los límites ambientales podría permitir el desarrollo de iniciativas actualmente restringidas.
Las más afectadas por una eventual flexibilización de la ley serían las que tienen cordillera y actividad minera activa o proyectos en carpeta:
- San Juan → fuerte tradición minera (oro, cobre). Tiene varios proyectos de cobre en evaluación en zona cordillerana.
- Catamarca → cobre y litio; comparte proyectos binacionales con Chile.
- Jujuy → epicentro del litio en salares de altura.
- Mendoza → históricamente restrictiva con la minería, pero con debate abierto.
- Santa Cruz → minería metalífera consolidada.
- La Rioja → proyectos en exploración.
Todas ellas tienen zonas de ambiente periglaciar en la cordillera de los Andes, donde hoy rigen restricciones.
Organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten que los glaciares funcionan como reservas naturales de agua dulce y reguladores hídricos en regiones áridas.
Según esta mirada, reducir las áreas protegidas podría afectar el abastecimiento futuro de agua para consumo humano, agricultura y producción regional, además de aumentar riesgos de contaminación.
La votación en Diputados definirá si el país avanza hacia un nuevo esquema de desarrollo minero o mantiene el modelo de protección vigente desde hace más de una década.
