La CGT y las CTA buscarán frenar en la Justicia la Ley de Modernización Laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó este lunes en tribunales para judicializar la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y aprobó el Congreso. Lo hizo con una movilización. Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) están trabajando en planteos del mismo tenor que la CGT para intentar frenar en la Justicia la aplicación de la nueva “Ley de Modernización Laboral”, que mientras se escribe esta nota no fue promulgada. Diversos gremios, como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), están a la espera de que la normativa se publique en el Boletín Oficial para pedir que se declare su inconstitucionalidad.
La CGT se movilizó a Plaza Lavalle este lunes para manifestarse frente al Palacio de Tribunales y dar inicio a la disputa judicial de la reforma laboral. En ese marco, difundió el documento “La Reforma Laboral es inconstitucional”, firmado por “Consejo directivo nacional”, en el que sintetizó sus cuestionamientos jurídicos a la Ley de Modernización Laboral, que barre inmensidad de derechos laborales, quita protección normativa y ataca a la actividad sindical para evitar protestas.
En el comunicado de la central obrera se afirmó que la reforma “significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales. Sobre todo el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales (como el Pacto San José de Costa Rica)”.
La CGT señaló “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”. Y recordó que la reforma admite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, (el) fin de las horas extras y, consecuentemente, (la) reducción del salario”. También elimina “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley” y dispone “que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares”. Entre otras cosas, la nueva ley tampoco reconoce “las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen” y habilita “los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria” y recorta “la libertad sindical coartando asambleas” así como limita “el derecho a la protesta, restringiendo el derecho de huelga”.
