El fiscal Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación para Cristina: la vicepresidenta denunció «un pelotón de fusilamiento mediático-judicial»
Un fiscal pidió hoy que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en una acusación que la alianza gobernante definió como un intento de proscripción o condicionamiento contra la ex mandataria. En Lanús, el Partido Justicialista compartió el comunicado del PJ Bonaerense. Por su parte, el concejal Julián Álvarez señaló, simplemente, El pueblo tiene memoria y no olvida. #TodosConCristina. A su vez, también se expresó el bloque de concejales del Frente de Todos.
Después del alegato del fiscal Diego Luciani, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 rechazó el pedido presentado temprano por la vicepresidenta para ampliar mañana su declaración indagatoria, por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre.
«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa», escribió Cristina Fernández en su cuenta de Twitter al conocer la decisión del tribunal.
«Por ello -añadió- mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».
El pedido de condena contra la Vicepresidenta fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, tras considerar que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita», a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario.
La exposición final de Luciani, en el alegato en el que intervino también su colega Sergio Mola, incluyó exhortaciones a los miembros del TOF 2 a dictar una sentencia «ejemplar» para que se convierta en «el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones».
El fiscal aprovechó el nivel de exposición que tuvo su alegato -reproducido en vivo por los portales de noticias mas consumidos y por distintos canales de televisión- para enviar mensajes en varias direcciones: le habló a la sociedad, criticó al presidente Alberto Fernández y presionó sobre los jueces para obtener las condenas que solicitó.
El Presidente Alberto Fernández, ministros, secretarios de Estado, la CGT, legisladores y funcionarios del Frente de Todos difundieron declaraciones en solidaridad con Cristina y denunciaron un intento por proscribirla o condicionarla.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Para el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, reclamó 4 años de cárcel; para los los exresponsables del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda solicitó 6 años de prisión y para los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz pidió distintos penas de entre 3 y 6 años: para Héctor Garro, 3 años de prisión en suspenso; para Juan Carlos Villafañe, 6 años; para Raúl Pavesi, 5 años, y 4 para José Raúl Santibáñez.
Párrafo aparte le dedicó al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del difunto expresidente Néstor Kirchner: sostuvo que no se encontraron elementos que acreditaran su participación en la denunciada asociación ilícita pero pidió que sea condenado a 2 años de prisión en suspenso por abuso de autoridad.
Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción, que dijo haber logrado probar: «La gran corrupción privó al Estado de recursos. Fueron los más pobres los que se vieron más afectados, es a los más necesitados a los que se priva de fondos desapoderados del Estado. Todos estos recursos podrían haberse utilizado para un verdadero progreso».
«Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», dijo.
«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar «orgullosa» del trabajo de la fiscalía que él integra.
El representante del ministerio público también requirió el decomiso de unos 5321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», declaró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.
Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.
Los párrafos más críticos se los dedicó a la exmandataria, a quien acusó de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron», y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».
También, antes de pasar al «petitorio», el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investiguen posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.
Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz (Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo).
Luciani requirió además que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizados como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito: en ese momento volvió a incluir el nombre del diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.
En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y consideró que «se intentó esconder la corrupción» y que «en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política» porque «se optó por eludirla».
En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera (UIF) pidiera la absolución de los acusados, y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió «la historia» cuando «bien sabe que es el Poder Judicial» la institución encargada de enjuiciarla.
Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido «puerilmente a su compañera de fórmula» cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.
«No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz», dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de «injerencia indebida» en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que fue puesta «ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial», luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazara su pedido para ampliar mañana la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019», afirmó la expresidenta en su cuenta de Twitter.
«Por ello -añadió- mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».
El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la Vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras».
El planteo había sido formulado de manera oral por el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, quien reclamó que su pupila pueda defenderse de supuestos nuevos elementos introducidos por el fiscal Diego Luciani en su alegato que antes no hayan sido debatidos en el juicio.
El planteo de Beraldi estaba basado en que en la exposición de la fiscalía hubo cuestiones «fácticas» que tampoco estaban en la elevación a juicio, por lo que consideraba oportuno poder responderlas antes de los alegatos restantes.
Para sostener el planteo, el abogado de la exmandataria invocó los artículos 303, 380 y 393 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que hacen referencia a cuáles son los momentos en los que puede declarar un imputado.
«El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquella, siempre que lo considere necesario», dice el artículo 303 del CPPN.
«En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere», se indica en el 380.
El artículo 393 del Código establece, además, las reglas que deben seguirse en la «discusión final».
Tras el primer rechazo por parte del tribunal, Beraldi reclamó que esa decisión sea revisada porque «viola la garantía de la defensa en juicio y de igualdad de armas», a la vez que refirió que sería «una vergüenza» que se límite a la vicepresidenta en momento de responder a las acusaciones de la fiscalía.
«No es posible avanzar en este juicio sin que se escuche a la doctora Fernández de Kichner sobre las graves acusaciones» vertidas por el ministerio público fiscal, sostuvo Beraldi aunque, tras 5 minutos de un nuevo cuarto intermedio, el TOF2 rechazó in limine (sin analizar) su planteo.
La Vicepresidenta había informado esta mañana que le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la «audiencia de mañana».
«Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», expresó Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.
«Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», indicó.
Hoy se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.
(Fuente: Télam)
