Persecución política, represión y detenciones ilegales en el subte: la brutal respuesta del feudo macrista al reclamo de los trabajadores

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, volvió a exhibir la cara más autoritaria del régimen que gestiona la Capital Federal como un feudo privado desde hace casi dos décadas. Ante una protesta legítima de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados) que no perjudicaba a los usuarios —consistente de manera pacífica en la apertura de molinetes—, la Policía de la Ciudad desató una salvaje represión y llevó adelante detenciones ilegales contra dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general Néstor Segovia. Una maniobra montada para disciplinar la lucha obrera y encubrir las pésimas condiciones de servicio, la presencia de asbesto cancerígeno y el negocio multimillonario de la concesionaria privada Emova, ante la cual el Ejecutivo porteño decide deliberadamente hacer la vista gorda.

Un feudo al servicio de las corporaciones y en contra de los trabajadores

La jornada del martes expuso de forma cruda el engranaje represivo y judicial que el macrismo montó en la Ciudad de Buenos Aires para perseguir la organización sindical. Lo que comenzó como un reclamo justo ante el hostil e injustificado castigo de la empresa concesionaria Emova hacia un conductor de la Línea B —sancionado por negarse a trabajar fuera de su horario reglamentario tras meses de sobreexigencia laboral— devino en un despliegue de violencia estatal absolutamente desmedido.

En lugar de garantizar un canal de diálogo o exigirle a la empresa concesionaria que cumpla con los pliegos y las condiciones de trabajo, la gestión de Jorge Macri —operando en complicidad con la fiscalía a cargo de Celsa Ramírez— armó una causa express bajo la insólita carátula de «asociación ilícita» para criminalizar la protesta social. La respuesta policial no se hizo esperar: infantería, empujones, palazos y el traslado intempestivo de los dirigentes sindicales Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y el propio Néstor Segovia.

Las detenciones fueron abiertamente ilegales y arbitrarias. El propio Segovia fue privado de su libertad de manera violenta tras presentarse en el lugar pacíficamente para solidarizarse con sus compañeros y pedir explicaciones sobre la aprehensión del primer delegado. «Me llevaron, me cagaron a palos, me tiraron en el piso, pero no importa; lo hago orgullosamente», expresó el referente de los Metrodelegados a las puertas de la comisaría tras ser liberado, dejando en claro la firmeza del colectivo de trabajadores frente al atropello institucional.

«Llamo a la reflexión a Emova, no jueguen con fuego porque vamos a pararles el subte por tiempo indeterminado. Si la fiscal Celsa Ramírez piensa que con esto nos van a domesticar, se equivoca totalmente.»

— Néstor Segovia, Secretario General de la AGTSyP.

Protestar sin perjudicar al usuario: la apertura de molinetes que el poder no tolera

Resulta fundamental subrayar la naturaleza de la medida de fuerza impulsada por los Metrodelegados. La apertura de molinetes es, por definición, la herramienta de protesta más solidaria con la clase trabajadora que utiliza el transporte público: permite visibilizar el conflicto social, garantiza el derecho al reclamo laboral y no detiene la frecuencia ni perjudica la movilidad diaria de los cientos de miles de usuarios que viajan por la red de subterráneos.

Sin embargo, para el feudo macrista y la empresa privada Emova, levantar los molinetes constituye un «delito inadmisible» porque ataca directamente la caja registradora de la concesión privada. La prioridad del gobierno porteño nunca ha sido el bienestar del pasajero ni la seguridad del trabajador, sino blindar la rentabilidad empresarial a costa de la represión. Cuando la Policía de la Ciudad irrumpió violentamente para detener a los delegados, fue la propia represión estatal la que terminó paralizando el servicio, generando el caos que luego la maquinaria mediática oficialista intentó endilgarle al gremio.

Un servicio privado deficiente bajo la complicidad oficial

La persecución contra Segovia y los Metrodelegados busca desviar la atención de un problema de fondo insostenible: el grave deterioro de la red de subtes bajo la gestión de Emova y la complicidad directa del Gobierno de la Ciudad. Desde hace años, la representación sindical viene denunciando:

• Contaminación por asbesto: La presencia de material cancerígeno en la flota de vagones, que ya ha provocado la muerte de trabajadores y la afectación en la salud de decenas de empleados y usuarios, sin que la empresa ni el Gobierno porteño ejecuten un plan integral de desasbestización con la urgencia requerida.
• Tercerizaciones precarizadoras: El avance de contrataciones externas para tareas que históricamente realizaban los trabajadores de planta, reduciendo salarios y deteriorando la operatividad técnica de las líneas.
• Falta de inversión e infraestructura: Aumentos sistemáticos e e Ininterrumpidos en el precio de la tarifa del boleto que no se traducen en mejoras en las frecuencias, ni en la ventilación, ni en el mantenimiento básico de las estaciones.

Frente a este escenario de vaciamiento, la respuesta del Poder Ejecutivo porteño es la vista gorda con la patronal privada y la garrote con los trabajadores que defienden la salud laboral y la calidad del servicio.

La reacción del movimiento obrero: «Esto tiene que ser la gota que rebalsa el vaso»

El salvaje accionar de la Policía de la Ciudad y la justicia adicta desató la rápida solidaridad de diversos sectores del movimiento obrero organizado. Dirigentes del transporte y de las centrales sindicales repudiaron unánimemente el accionar de Jorge Macri y exigieron el cese inmediato del hostigamiento a la AGTSyP.

Desde el sindicato de trabajadores de la ANSES (SECASFPI), su secretario general Carlos Ortega remarcó que lo sucedido en la Línea B «no resiste más análisis que empezar con un plan de lucha». En declaraciones radiales, el dirigente enfatizó la gravedad institucional que significa encarcelar a referentes gremiales por ejercer el derecho a la protesta: «Estos tipos están enloquecidos. Reclamar con dureza no es un capricho, es la necesidad propia del movimiento obrero de hacerse respetar».

La liberación final de los dirigentes detenidos tras horas de incertidumbre no borra el antecedente represivo ni resuelve el conflicto de fondo. Los Metrodelegados ratificaron que continuarán en estado de alerta y asamblea permanente contra las suspensiones arbitrarias, las tercerizaciones y la precarización en el subterráneo, dejando en claro que el sindicato no se pondrá de rodillas ante la persecución política del macrismo.