Con concesiones a gobernadores y a la CGT, el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral en el Senado

El Senado debatirá el proyecto de reforma laboral, luego de que el oficialismo lograra acuerdos con gobernadores provinciales y la Confederación General del Trabajo (CGT) que destrabaron puntos clave y allanaron el camino para su tratamiento en el recinto.

La iniciativa, que había ingresado en diciembre, generó inicialmente resistencias de las provincias por el impacto fiscal que contemplaba uno de sus capítulos. Según advirtieron entonces, la reforma implicaba una reducción de 1,9 billones de pesos en los fondos coparticipables. Finalmente, el Gobierno aceptó modificar el texto y eliminó el artículo que reducía del 30% al 27% las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, uno de los puntos más cuestionados.

En paralelo, la CGT consiguió introducir cambios que consideró centrales. Por un lado, se acordó que continuará por dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. Actualmente, algunos sindicatos aplican un 4%. Además, no prosperó la propuesta de reducir las cargas patronales destinadas a las obras sociales, que se mantendrán en el 6% y no bajarán al 5% como establecía el proyecto original. Desde el sindicalismo advertían que esa rebaja afectaría un sistema que ya se encuentra desfinanciado.

También se confirmó que las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas sindicales, otro reclamo de la central obrera.

Sin embargo, no todos los planteos de la CGT fueron incorporados. La iniciativa mantiene la limitación del derecho de huelga en los servicios esenciales, pese a la presión sindical para eliminar ese artículo. Tampoco se modificó el punto que establece que será necesario pedir autorización a la patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo.

Entre otros aspectos, el texto ratifica la bancarización obligatoria para el pago de salarios, descartando el uso de billeteras virtuales. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despidos sin causa, que se nutrirá con un aporte del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas.

En materia judicial, la reforma establece que los juicios laborales considerarán únicamente los salarios, sin incluir aguinaldo ni vacaciones en el cálculo. Asimismo, habilita el pago de sentencias en cuotas: hasta seis en el caso de grandes empresas y hasta doce para pymes.

Otro de los puntos destacados es la ampliación de los servicios esenciales y trascendentales, lo que impactará en la regulación de medidas de fuerza en esos sectores.

Con estas modificaciones, el oficialismo busca avanzar con una reforma que mantiene ejes centrales del proyecto original, pero que incorpora cambios para asegurar los votos necesarios en el Senado.