Grindetti les demolió la casa y prometió reconstruirla en cinco meses: pasaron dos años y medio y aún esperan

Por Daniel Riera.

El 24 de enero de 2017, empleados del municipio de Lanús demolieron la casa donde vivía el señor Vicente Insaurraldi en Villa Jardín, sobre la calle Carlos Pellegrini. Le habían informado que por disposiciones de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. ) tenía que estar a más de 35 metros de la cuenta del riachuelo. Acordaron dejar en pie una parte: la que cumplía con ese requisito, y construirle dos anexos para que pudiera seguir haciendo las veces de vivienda y almacén. Pasaron dos años y siete meses: el municipio no respetó el acuerdo firmado, jamás reconstruyó la casa y le arruinó la vida a la familia Insaurraldi. El intendente Néstor Grindetti y su secretario de Desarrollo Urbano Carlos Rubén Ortiz fueron demandados por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En diálogo con La Unión de Lanús, el señor Insaurraldi, acompañado por su hija Daniela, cuenta una historia que de tan terrible parece mentira. Sin embargo, muestra planos, papeles, compromisos, promesas incumplidas, todo lo que acredita lo que le pasó. Y además inició una demanda legal.

-Tenía una vivienda con cuatro habitaciones , baño, todo instalado. Un día nos dijeron que el negocio lo teníamos que sacar de ahí por una orden de un juez, por la contaminación del riachuelo. El juez dictaminó que había que correr a la gente de ahí, que a menos de 35 metros de la cuenca del río no puede vivir nadie. Vino gente del municipio y les dije que no tenía problema, pero que necesitaba que me respetaran que ese lugar era mi vivienda y mi fuente de trabajo. Y ahí llegamos a un acuerdo: me iban a dejar una parte del negocio [la que cumplía con el requisito de los 35 metros de distancia] y me iban a hacer dos anexos. En el 2017 demolieron mi casa y me dijeron que en cinco meses iban a tener todo listo. Tuvimos que turnarnos para que aunque sea uno de la familia se quedara, porque en ese estado, la parte que había quedado del negocio corría el riesgo de ser usurpada.

-Y mientras tanto, ¿dónde viven?

-Nos dieron una vivienda provisoria en el barrio de Fabricaciones militares, a cuatro cuadras de donde yo vivía. La tuve que aceptar a la fuerza. Es de telgopor, llueve por todos lados, se cuartea, los baños no tienen ventilación, las ventanas no cierran. Les dije «Dénme una vivienda digna, no soy un animal»., les dije denme una vivienda digna. La cocina no funcionaba, el termotanque tampoco… Nosotros construimos nuestra casa con mucho esfuerzo y nos llevó muchos años y ahora nos dejaron en esto que es de telgopor y el municipio no cumplió con el compromiso.

-¿Y cuándo les pregunta por qué no cumplen, qué le dicen?

-Dicen que están esperando que les llegue la plata de Acumar, pero yo el compromiso lo firmé con el municipio de Lanús, no con Acumar.

-¿Intentó hablar con el intendente Grindetti?

-Nunca me quiso recibir. Me tiró la casa abajo y nunca me quiso recibir. Como pasó mucho tiempo y no me dieron ninguna solución, inicié un juicio al intendente y a su secretario de Desarrollo Urbano, el señor Carlos Rubén Ortiz.

En los últimos días, la Defensoría Pública de la Nación se expidió a pedido del juez de la causa, Mariano Kreplak, dándole la razón de una manera contundente al señor Insaurraldi y a las familias Almirón y Mamani, que atraviesan circunstancias similares. «Los argumentos que esgrime el municipio de Lanús y que a su vez subscribe la ACUMAR (…) resultan inadmisibles en tanto que las familias en ningún momento han renunciado a su derecho», dice el documento firmado por el Defensor Público Adjunto, Mariano Gutiérrez. En lugar de garantizarles el Derecho al Trabajo y a la Vivienda, el Estado, de la mano de Néstor Grindetti y sus funcionarios, hizo exactamente todo lo contrario.