El documento de 35 puntos de Felipe Solá sobre la realidad argentina

El precandidato a la presidencia de la Nación por el peronismo, Felipe Solá, presentó en sociedad un documento de 35 puntos en el que esboza una serie de propuestas sobre la realidad argentina para poner a consideración a la ciudadanía. Además de colgarlo en su página de Facebook, Solá dejó una copia en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno, como una manera simbólica de indicarle al presidente Mauricio Macri que su ideario estaba a disposición de quien quisiera utilizarlo.  La propuesta venía acompañada por una carta que Solá dice haber escrito «como un ciudadano angustiado y preocupado por el presente que transita nuestra argentina».
UN CAMINO DE ENCUENTRO Y ESPERANZA, ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE.
RED PARA EL ENCUENTRO Y EL DESARROLLO (RED x Argentina)
BREVE DIAGNÓSTICO DE LA ACTUALIDAD
· La crisis cambiaria, el ajuste acordado con el FMI y la sequía, empeoraron las principales proyecciones macroeconómicas para el 2018: se espera una caída de la actividad económica e inflación del 30% (esto ya implica que haya que acordar con el FMI las correcciones a la política monetaria, porque está por encima del máximo estipulado – 29%).
· En junio la inflación fue del 3,7% (por efecto de la devaluación y subas en transporte y combustibles). En el primer semestre la inflación acumulada es del 16%, un punto más que la meta que, por segunda vez, ya abandonó el BCRA (en principio habían proyectado 10%, después 15% anual).
· La industria siente el impacto de la crisis: en mayo cayó 1,2% interanual según INDEC; y 1,9% según la UIA. Las bajas alcanzan a la mitad de los bloques.
· Para junio, el panorama industrial es aún peor: la industria automotriz cayó 13,5%, la producción de cemento -por el ajuste en obra pública- 2,8%, y los insumos para la construcción 5,4%.
La sangría de empleo en la industria nunca paró desde la asunción del actual gobierno»
· Esto sumará aún más tensiones en el mercado laboral, donde la sangría de empleo en la industria nunca paró desde la asunción del actual gobierno: desde noviembre de 2015 se destruyeron 77.500 puestos de trabajo en la industria, es decir -en promedio- 2.600 puestos por mes, los que se suman a la pérdida en otros sectores no industriales.
· La situación social se agrava, con el aumento de la pobreza, la imposibilidad de pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y los alimentos de la canasta básica que siguen un espiral ascendente.
• El principal punto débil del esquema macroeconómico actual es el sector externo, cuyo déficit corriente es de carácter estructural, acumulado en el primer semestre el récord de USD 5.100 millones. Prácticamente el doble al registrado en el mismo período de 2017. En junio mejoró por la caída en el nivel de actividad, lo cual indujo menores importaciones. El déficit acumulado en servicios superó los USD 6.400 millones (+26%).
El FMI nos prestará USD 50.000 millones, menos aún que la fuga de capitales ocurrida desde que asumió el actual gobierno»
• Al déficit de las transacciones corrientes se suma la persistente fuga de capitales, que se intensificó con la crisis cambiaria: en el primer semestre alcanzó los USD 16.600 millones, más del doble que en igual período de 2016. Sólo en mayo aumentó un 125% con respecto al mes anterior por la corrida cambiaria a lo cual se sumaron salidas de capitales especulativos por USD 1.360 millones.
• En el mejor de los escenarios, el FMI nos prestará USD 50.000 millones, menos aún que la fuga de capitales ocurrida desde que asumió el actual gobierno nacional hasta el presente: USD 50.800 millones.
PENSAR ALTERNATIVAS PARA SALIR DEL LABERINTO
· Nos encontramos ante un cuadro de crisis muy complejo desde el punto de vista económico que pone en jaque la estabilidad política, social e institucional. No se puede negociar el rol activo del Estado, ni los derechos adquiridos que se han conquistado a lo largo del último siglo.
· Un modelo que exporta ahorro e importa deuda no puede tener otro final que el de una crisis profunda en todos los órdenes y manifestaciones de la vida comunitaria. Por ello, no creemos que pueda solucionarse este momento crítico y agudo de nuestro país con recetas exclusivamente económicas.
Nunca puede ser una solución virtuosa producir menos»
· No es cierto que el único camino posible es el del ajuste. Nunca puede ser una solución virtuosa producir menos, desaprovechando las fuerzas productivas de la Nación. Ajustar significa: generar menos educación y disminuir su calidad y cobertura, menos salud y menos prevención, invertir menos en obra pública, en caminos, en infraestructura, pagar menos salarios, jubilaciones, asignaciones. Es como querer curar la enfermedad matando al enfermo.
· Desde ya, se requiere un adecuado y experto manejo de las variables monetarias, cambiarias y financieras. También urge un plan de inversiones productivas, que premie el trabajo y el valor agregado, integrando el mercado interno, el territorio y la población, sobre la base de la justicia social y la equidad distributiva. De lo contrario, cada vez nos alejaremos más de los objetivos de soberanía política e independencia económica.
· Pero en estos momentos de crisis no podemos desatender a quienes más sufren las crisis, los que menos tienen y mayormente han sufrido las consecuencias del actual modelo económico y social; que ha cimentado sus bases sobre la especulación financiera, la regresión distributiva y la fuga inexorable del ahorro nacional.
· Ante la caída del poder adquisitivo de los ingresos, el aumento del trabajo no registrado y otras formas precarias de empleo, se requieren mecanismos de redistribución del ingreso que eviten la profundización de la desigualdad económica y social.
· Los diagnósticos del gobierno sobre la crisis que atravesamos, así como las recetas ensayadas hasta ahora nadan en el desconcierto estratégico y se dirigen superficialmente a aspectos coyunturales con una mirada cortoplacista que no presenta soluciones de fondo y mucho menos la construcción de un proyecto económico y social inclusivo considerando medidas institucionales y económicas de mediano y largo plazo.
· Es fundamental diseñar un programa que apueste al crecimiento económico como salida a los problemas fiscales; que nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la elusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales.
· Y, como para crecer necesitamos divisas, al mismo tiempo que atender nuestros compromisos financieros, es imperioso que el programa contemple una estrategia exportadora y de sustitución de importaciones presentes y futuras, a partir de una integración comercial externa cuya punta de lanza sea el valor agregado local.

El Acuerdo con el FMI es inviable y profundiza la crisis

· Insistir con la aplicación de aquellas políticas que nos llevaron a recurrir a un prestamista de última instancia como es el Fondo Monetario Internacional implica renunciar a encontrar una verdadera salida a nuestros problemas estructurales. Las exigencias del FMI (comprensibles desde el punto de vista del acreedor que mira consternado la inoperancia y falta de plan del deudor) implican un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa, por lo cual el final es previsible y supone crisis externas recurrentes.
Rechazar el acuerdo con el FMI es el primer paso»
· Rechazar en estos términos el acuerdo con el FMI es el primer paso para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa que la que le fuera impuesta a Grecia, un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales.
· Es tiempo de romper con una realidad que nos impone una sociedad empobrecida, de desempleo creciente, de menor actividad económica, con un default de deuda que acecha, y un Estado vergonzante y subordinado.
· El acuerdo y sus condiciones implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001. Es imperioso construir consensos que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste a la mayoría. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro.
Por ello debemos RECHAZAR:
1. Vender el mayor patrimonio del Estado, administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que implica eliminar la garantía en la que se sustenta el régimen previsional. Además constituye uno de los principales patrimonios del Estado
2. Eliminar de forma encubierta el régimen de solidaridad en jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de seguridad social segmentado, beneficiando a unos pocos privilegiados y a un sistema de beneficios paupérrimos para el resto de la sociedad.
3. Cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años, creando incentivos para la pérdida de servidores públicos, investigadores, maestros o enfermeros, disminuyendo el capital social de nuestro país y debilitando al Estado de su capacidad de acción.
4. Penalizar a miles de jubilados y pensionados y perceptores de beneficios sociales, cuyos ingresos se verán más tarde o más temprano, empujados a recomponerse con los mismos esquemas que los trabajadores públicos (8%) cuando la inflación esperada para los meses que vienen no será inferior al 32%.
5. Bajar las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo, porque la propuesta resta vigor a cualquier proyecto de desarrollo futuro sin bases que los sostenga.
6. Seguir endeudando a nuestro país, cuando sabemos que los niveles de deuda comparada con nuestras exportaciones o contra nuestro PIB señalan indicadores de elevado riesgo para la sustentabilidad de nuestra economía.
7. Privatizar de forma abierta o encubierta servicios públicos, empresas del Estado o futuras acciones que pueda realizar el Estado, en la medida que, como ocurriera en el pasado, esas decisiones terminan siendo financiadas por el conjunto de la sociedad.
8. Continuar dolarizando la deuda a través de una pésima decisión política de emisión de LEBAC por parte del BCRA y su canje en Letras del Tesoro dolarizadas que no hacen más que descargar sobre toda la sociedad los resultados de un gobierno superado por sus propios problemas y equivocadas decisiones.
9. Las Reformas exigidas en relación al Banco Central implicaría una política monetaria y cambiaría disociada de los intereses del país y un Directorio por seis años, cuando 10 de esos miembros son responsables de una de las mayores fugas de capitales de la historia.
10. Desmantelar capacidades productivas y científico- tecnológicas acumuladas durante años, con el consiguiente costo social y la imposibilidad de generar efectos de desarrollo.
PROPUESTAS URGENTES PARA UNA AGENDA DE GOBIERNO PARA EL CORTO Y MEDIANO PLAZO
1. Convocar en forma urgente a la Red para el Encuentro y el Desarrollo (RED x Argentina) compuesta por sectores productivos, incluyendo representantes de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores, de los movimientos sociales y religiosos, de trabajadores no registrados, representantes del sector de jubilados, pensionados y estudiantes, de las universidades y de los colegios profesionales. También de la totalidad del espectro político con representación parlamentaria. No alcanza con un partido político para salir de la crisis en la que estamos inmersos, es imprescindible construir un camino común que incluya a todas las fuerzas políticas, sociales, de trabajadores y productivas.
2. Constituir un Foro Federal integrado por los gobernadores/as y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá promover en forma urgente el debate y distribución de los recursos federales para incentivar la recuperación económica en cada región del país y la supervisión del cumplimiento de los proyectos de infraestructura acordados y comprometidos.
Deben restituirse las retenciones a la minería»
3. Deben restituirse las retenciones a la minería y controlar sus DDJJ de producción. La agricultura pampeana falló este año. No tiene ganancias. El aporte tributario debe ser de los grandes productores. Con los pequeños y medianos chacareros y contratistas hay que conveniar el futuro.
4. Restablecer y/o aumentar alícuotas según corresponda a los impuestos que gravan la riqueza hacia la constitución de un impuesto al patrimonio neto y a los ingresos de las personas físicas (eliminar los impuestos a los contribuyentes de la 4° categoría (empleados en relación de dependencia) por un impuesto a los ingresos.
5. Incrementar la alícuota de Bienes Personales con carácter francamente progresivo, aplicable en forma progresiva al 10% de los contribuyentes con mayores patrimonios.
6. Establecer un IVA de 27% a los consumos suntuarios, incluyendo automóviles por encima de un millón de pesos, los productos de lujo importados y gastos suntuarios de todo tipo.
7. Establecer un impuesto del 25% al consumo con tarjetas de crédito en el exterior, incluyendo la compra de pasajes. El impuesto debe ser móvil en función del índice del tipo de cambio real multilateral que publica el BCRA, de modo que cuando la moneda se aprecia en términos reales el impuesto suba, y viceversa a cuando ocurra una devaluación real. Este impuesto tiene una función fiscal significativa, evitando la fuga de dólares por turismo y se propone que el destino de lo recaudado se invierta en un Plan Federal de Turismo, tendiente a desarrollar la infraestructura turística en regiones con alto potencial y periféricas de nuestro país. De ese modo, se contribuiría a desarrollar las economías regionales en provincias en donde la capacidad de generación de empleo privado formal es muy reducida, a la vez que se ahorran divisas.
8. Implementar un esquema de impuesto a la herencia, como el que se tributa en las naciones de alto desarrollo e inclusive en economías menores y en proceso de desarrollo.
9. Dada la importancia que el tipo de cambio tiene en nuestro país sobre la inflación –reconocida por todos los actores y el propio FMI- se requiere revisar la política de tipo de cambio libre y ampliar la intervención diaria en el mercado de cambios general y el que opera el Banco Central.
10. Revisar el punto de referencia estructural 7 del acuerdo firmado recientemente con el FMI que establece la compra de las letras intransferibles en manos del BCRA –que devengan tasas muy bajas de interés- para “sanear su hoja de balance” porque requiere que el Tesoro emita títulos a tasa de mercado, lo que implica una transferencia desigual del BCRA al conjunto de los contribuyentes y convierte con alto riesgo esos bonos en futuros compromisos en dólares, lo que implica transferir al conjunto de la sociedad el riesgo cambiario de devaluación esperada.
11. Los dólares son fundamentales para el desarrollo, son pocos y hay que cuidarlos. Un país sin grados de libertad para operar con su moneda y sin un gobierno que la defienda, anuncia inevitablemente una disolución como sociedad. Establecer límites mensuales a la compra de divisas para combatir la fuga como limitación estructural a nuestro desarrollo.
12. Restaurar la obligatoriedad de la liquidación de divisas en el mercado único y libre de cambios local en un tiempo cuyo plazo promedio debería ser de 180 días para garantizar el ingreso de las divisas por exportación.
13. Fijar plazo de 1 año de estadía mínima de inversores financieros residentes (que ingresan fondos del exterior) como no-residentes que se aplican para la compra de LEBAC-LETES- u otros activos financieros, tendiente a atenuar la volatilidad del sistema financiero y cambiario.
«Defender el poder adquisitivo del salario, permitiendo paritarias libres»
14. Defender el poder adquisitivo del salario, permitiendo paritarias libres y habilitando cláusulas de revisión y gatillo. Los salarios y los ingresos no pueden ser el ancla de una dinámica inflacionaria cebada por la devaluación y el aumento desproporcionado de tarifas. La competencia por bajos salarios no ha sido, en ningún caso, ejemplo de mejora de competitividad a nivel internacional y sólo provoca la pérdida de bienestar de la mayoría y el aumentó de la riqueza en sectores muy minoritarios.
15. Aumentar la fiscalización para proteger a los trabajadores no registrados impidiendo el “fraude laboral”. Realizar un aumento para los beneficiarios de los distintos Programas Sociales acorde con el IPC alimentario y de transporte.
16. Rechazar las propuestas de Reforma Laboral, y recuperar instituciones como la inspección del trabajo; lo que no obsta a que deban encararse reflexiones en materia de regulaciones laborales y protección social que aseguren la extensión de derechos al conjunto de los trabajadores y no obstaculicen el desempeño empresario.
17. Convocar al Consejo del Empleo, Productividad y Salario Mínimo, para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil cuyo monto ha quedado atrasado por los últimos acontecimientos inflacionarios y devaluatorios. En el ínterin establecer por Decreto un aumento acorde con el IPC medido al menos desde el mes de enero del 2018 en términos de alimentos, transporte y tarifas de servicio públicos.
18. A raíz del aumento del cuentapropismo, de las contrataciones eventuales y de la precariedad, se requiere recurrir a políticas que sostengan la relación laboral a partir de Programas como el Repro o semejante, que permite para las empresas en crisis pagar una parte del salario al trabajador e impiden la caída del empleo.
19. Convocar de forma efectiva a la Comisión Bicameral del Congreso para el Control de los Fondos de la Seguridad Social ya que el punto 7 del acuerdo con el FMI indica que se van a vender los activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones y eso pone en riesgo la sustentabilidad del FGS.
20. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones empresarias en las transferencias de recursos públicos sea a través decretos o de aumentos de tarifas. Establecer con precisión los compromisos, metas y contraprestaciones que deberán cumplir las empresas ante cualquier tipo de transferencia de recursos públicos que reciban. Por ejemplo, en el sector energético hay que comprometer precio (transferencias estatales) contra productividad (planes de inversión y compromisos de inyección excedente).

Fortalecer los presupuestos de la salud pública»

21. Fortalecer los presupuestos de la salud pública a nivel nacional y provincial y establecer un control eficaz sobre la gestión es un imperativo para la mejora de la prevención y atención sanitaria. Se verifica una deserción importante de las familias asociadas a medicina prepaga, lo que provoca una sobrecarga del sector público, cada vez más desfinanciado y de las Obras Sociales con quienes el Estado mantiene deudas importantes.
22. Fortalecer la política industrial y en Ciencia y Tecnología de manera estratégica y sistemática para la diversificación de la matriz productiva. Suspender todo recorte presupuestario y reafirmar la inversión prioritaria en I+D, fortaleciendo a todos los organismos del sistema científico tecnológico.
23. Convocar en forma urgente a la Paritaria Nacional Docente frente a la situación de crisis de todos los niveles educativos permitiendo una negociación que permita elevar los salarios docentes en todo el país para no perder poder adquisitivo e inaugurar canales que fortalezcan la formación docente a nivel nacional, en ambos casos con financiamiento federal.
24. Utilizar entre el 15-20% de los fondos del FONAVI y de los Institutos provinciales de Vivienda para garantizar préstamos a pequeñas y medianas empresas de la construcción para financiar obras destinadas a fines sociales, y de autoconstrucción, tomando en cuenta el efecto multiplicador que tienen. Los créditos destinados a estos fines deberían ser a tasas que no superen las previsiones inflacionarias del Gobierno incluidas en el acuerdo con el FMI. En el corto y mediano plazo permitirá impulsar al sector de la construcción y defender puestos de trabajo en el marco de la desinversión en el plan general de infraestructura derivado del acuerdo con el FMI.
Moratoria PYME para deudas tributarias y previsionales»
25. Establecer una Moratoria PYME para deudas tributarias y previsionales con 10 años de plazo como establece la Ley. Desarmar el sistema de embargos a los pequeños contribuyentes con atrasos y convocarlos a financiar sus pagos en períodos que les permitan reinsertarse en las normales actividades comerciales y productivas.
26. Desdolarizar las tarifas de los servicios públicos en su totalidad, retrotraerlas al promedio del 2017 y actualizarlas por un criterio de ajuste compatible con la sustentabilidad productiva y social, permitiendo renegociar en cuotas las deudas sin cortes por los próximos 6 meses. Congelar las tarifas de los servicios públicos a las empresas de capital social, comunitarias, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, clubes de barrio, colegios y entidades culturales y micropymes.
27. Crear la categoría Tarifa Popular para aquellas familias cuyos ingresos sean, en promedio, inferiores a los 30 mil pesos mensuales, sin requisito adicional. Para acceder al beneficio de una tarifa subsidiada que no podrá superar el doble del valor de la tarifa social será necesario sólo inscribirse en un sitio web que se diseñe a tal efecto y se adjunte la documentación requerida que compruebe el ingreso familiar y los gastos mensuales. Con la sola inscripción se accede al beneficio en los servicios públicos domiciliarios (luz, gas natural y agua) y la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para analizar si corresponde dicho beneficio, en caso contrario, el usuario deberá pagar retroactivamente a la fecha de inscripción el costo total de las tarifas adeudas, según lo estipulado en el punto anterior.
28. Créditos a tasa subsidiada para recomponer capital de trabajo, hasta 36 meses con 6 meses de gracia, con una tasa que no supere el 17%. Abrir una línea de “factoring” en el BICE de forma de elevar las facturas conformadas de forma digital y realizar las operaciones bancarias en forma automática con tasas no superiores a 20% (aunque existe por ley no se aplica eficientemente el sistema como en el ejemplo de Duplicata Brasil).
29. Establecer una liberalización de 5 puntos de los encajes bancarios destinados a financiar micros y pequeñas empresas a una tasa del 17% para facilitar los pagos de salarios y las amortizaciones de deuda de cortísimo plazo.
30. Fortalecer los sistemas de administración de precios, como “precios cuidados” o un sistema equivalente en los 200 productos básicos de la canasta familiar; y garantizar su presencia en góndolas y fortalecer programas como Ahora 12 y Ahora 18 sin intereses.
31. Administrar el comercio exterior frente a la “guerra comercial internacional” utilizando todos los instrumentos disponibles que permitan sostener el empleo y promover la inversión, en defensa del interés nacional.
32. Acelerar la resolución de las solicitudes presentadas denunciando dumping de empresas del exterior; especialmente en los sectores críticos (calzado, indumentaria, línea blanca, electrónica, otros), como medida para apoyar la industria nacional. Garantizar la disponibilidad de los datos de comercio exterior, ya que sin ellos es imposible el monitoreo de los casos de competencia desleal por parte del sector privado y análisis de estrategias de mercado.
33. Garantizar el cumplimiento del vigente régimen de comercio administrado con Brasil para mejorar la balanza comercial y los niveles de empleo. Aplicar las multas correspondientes a las terminales automotrices que no cumplan con el régimen. Hacerlo extensivo al convenio con México.
34. Suspender la negociación del Acuerdo Unión Europea – Mercosur ya que está en juego la economía nacional y el futuro desarrollo del país.
35. Reglamentar la Ley 27.437 del Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, y acelerar su implementación efectiva.
Red por el Encuentro y el Desarrollo (RED x Argentina)
Diputado Nacional Felipe Solá

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